Nueve días después de que tomara estado público la entrega de un informe sobre el sistema de voto electrónico realizado por científicos del Conicet, el organismo puso a disposición de la ciudadanía el documento. En el medio, se presentaron varios pedidos de acceso a la información pública (por vía digital y en papel) y hasta se reclamó su liberación por Twitter. Aquí, un resumen de su contenido.

El primer aspecto a destacar (aclarado al comienzo del informe) es que su confección se hizo a pedido del Ministerio del Interior, pese a que desde la cartera fue negado (antes de su publicación). Así, diez investigadores de distintas universidades del país analizaron qué tan factible es implementar tecnología en distintos aspectos y etapas del proceso electoral.

Para esto, analizaron antecedentes indicaciones sobre software y hardware funcionamiento de los comicios (dividido en cinco etapas) y alternativas para incorporar herramientas tecnológicas a cada una de ellas. La conclusión fundamental es que «se recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la emisión de voto». Los especialistas sugieren implementar tecnología en forma gradual y progresiva, con pruebas piloto, comenzar en las instancias menos críticas del proceso y ejecutar un plan de investigación a largo plazo.

¿Por qué no es recomendable emitir el voto de forma electrónica? Básicamente, por dos cuestiones vinculadas. La primera: «es ampliamente conocida la dificultad de la industria de garantizar el correcto funcionamiento de sus productos», así como también de «construir sistemas que resistan ataques informáticos».

En segundo lugar, el sistema de votación requiere tres propiedades: integridad, auditabilidad y secreto. El problema es que son mutuamente excluyentes y no pueden satisfacerse de manera simultánea. Para garantizar el secreto del voto, es necesario un sistema lo suficientemente sofisticado como para que no identifique al elector con su sufragio. Lo cual implica que el común de la ciudadanía no podrá auditar (revisar) el sistema, se requerirán conocimientos técnicos muy específicos para entenderlo. Además, significa que el elector no sabrá si lo que eligió es lo plasmado por la máquina (integridad).

Sin embargo, los investigadores señalan que sí puede incorporarse tecnología en la fase del conteo y de la transmisión de resultados. Esto está sujeto, cabe aclarar, a tres cuestiones: se piensa en un sistema de boleta única, donde pueda usarse, por ejemplo, visión por computadoras; los niveles de inconvenientes en estas etapas aumentan considerablemente si la emisión del voto está mediada por la tecnología; los errores o cambios que no sean detectados en el sofware deberían ser evidenciados por los participantes del proceso electoral, mediante la independencia del sistema de votación respecto de la tecnología.

Es interesante, además, cómo se encuentran consideraciones a lo largo del documento respecto de acciones ya tomadas en Argentina. Por ejemplo, se desaconseja el uso de datos biométricos, ya que disminuten la capacidad de garantizar el secreto del voto (porque pueden identificar al votante). Se indica que todo el desarrollo debe ser abierto (open source y de carácter público), donde no se utilicen mecanismos de seguridad por oscuridad (que dependan del secreto de su funcionamiento) y cualquier ciudadano pueda analizarlo sin necesidad de ser convocado para eso (ver el caso entre MSA y Joaquín Sorianello en 2015). Y también se precisa que «no basta con enunciar que el sistema es correcto y seguro sino que el fabricante debe proveer evidencia contundente que respalde esa afirmación».

Si, efectivamente, el informe busca «proveer información y fundamentaciones para la toma de decisiones por parte del Ministerio del Interior» (solicitante), quizás tendrán que replantearse la intención de reflotar la reforma electoral en febrero del próximo año. Así, el Conicet se suma a las voces que cuestionan la implementación de tecnología al momento de sufragar.