El pasado martes, California volvió a estar en boca de todos por su legislación. La ciudad de San Francisco ya había arremetido contra el reconocimiento facial y ahora el Estado señaló a la gig economy. Es que su Legislatura aprobó una ley para que los trabajadores de las plataformas de economía colaborativa sean considerados empleados y no meros contratados. Si bien esta obligación por el momento solo debe aplicarse en este estado de EE.UU., sienta un precedente en una discusión que ya se da a nivel global. Uber, por su parte, ya afirmó que no cumplirá con esta imposición.

De acuerdo a la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2020, «los trabajadores deben ser designados como empleados en vez de contratados si una compañía controla la forma en la que desempeñan sus tareas o si estas son parte del negocio regular de una empresa«, según indicó el New York Times. Esto, por supuesto, tiene repercusión en los derechos y la remuneración de estas personas, ya que en la actualidad no cuentan, por dar solo algunos ejemplos, con un sueldo mínimo fijo, cobertura de salud, vacaciones, licencias, aportes jubilatorios ni seguro laboral. Cabe aclarar que la ley no esta dirigida específicamente a apps como Uber, Lyft, Deliveroo y similares sino que alcanza a cualquier empresa que tenga a sus empleados bajo la modalidad de contrato. De hecho, para el Estado en cuestión representan más de un millón de personas.

La forma en la que las plataformas de economía colaborativa tratan a quienes las utilizan para ofrecer sus servicios se discute con intensidad de un tiempo a esta parte. Por eso la decisión de California cobra peso: en Nueva York, Washington y Oregon ya están evaluando seguir sus pasos; pero además otorga argumentos y visibiliza la cuestión para todo el mundo.

Ahora bien, del otro extremo de la ley se encuentran los empleadores, es decir, las plataformas (en el caso que nos interesa aquí). Esta reglamentación podría modificar de lleno el modelo de negocios que desarrollaron hasta el momento -y que, de cualquier forma, para Uber al menos es deficitario-, dado que tendrían que cargar con responsabilidades económicas e impositivas que, hasta el momento, dejaban de lado. Según estimaciones de expertos al New York Times y a The Verge, se estima que -de aplicarse- la medida les representaría un aumento a las empresas de entre el 20 y 30% de los costos.

Uber ya se pronunció al respecto: «Esta ley no reclasifica automáticamente a ningún chofer de autos compartidos, tampoco les da beneficios ni el derecho a organizarse. De hecho, no dice nada acerca de este tipo de conductores. Lo que hace es proporcionar una prueba legal cuando es preciso determinar la clasificación del trabajador en independiente o empleado. Coloca una vara alta para demostrar que los trabajadores independientes son realmente independientes […] pero eso no significa que no superemos este test. Hay fallos previos que respaldan que el trabajo de los choferes se encuentra por fuera del curso usual del negocio de Uber«. Esto fue dicho por Tony West, jefe de la oficina Legal de la compañía, quien señaló -a continuación- que el negocio principal de la empresa es «ser una plataforma de tecnología para diversos tipos de mercados electrónicos».

«Creemos que California se está perdiendo una oportunidad real de llevar a la nación por el camino de mejorar la calidad, seguridad y dignidad del trabajo independiente», advirtió West. Es decir que la plataforma no recategorizará a los conductores, básicamente porque no los considera fundamentales para su negocio regular (cabe preguntarse qué pasaría si, de repente, se quedara sin choferes, por ejemplo). Como contrapropuesta, el ejecutivo de la empresa recordó que están dispuestos a establecer un salario mínimo en viaje para los trabajadores de US$21 dólares por hora, a pagar el tiempo libre y a compensarlos por lesiones en el trabajo, algo que los legisladores rechazaron antes de aprobar la ley.

Aun resta la firma del Gobernador de California para hacer efectiva la regulación. De cualquier forma, Uber y Lyft se unieron para invertir US$60 millones en el impulso de una consulta ciudadana a realizarse el próximo año para preguntar a los votantes acerca de la necesidad de crear una nueva categoría de chofer de autos compartidos (ride-share drivers). Mientras tanto, una vez que la reglamentación entre en vigencia, las grandes ciudades dentro del estado tendrán la capacidad de demandar a las compañías en caso de que decidan no adecuarse. Como vemos, esto recién comienza.