Cómo se llega a la condena de Russo, el expediatra del Garrahan

Ricardo Russo era jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan. Fue declarado culpable de tener, producir y facilitar “pornografía infantil”. Se lo sentenció a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina. Detrás de esta condena está el trabajo de Daniela Dupuy, doctora a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con ella conversé para averiguar cómo se trabaja con delitos informáticos.

“El trabajo para el equipo es durísimo y muy profesional, requiere de mucho compromiso de parte de los involucrados en la investigación. Para llevarlo adelante es fundamental lograr un binomio de especialistas en derecho y técnicos informáticos, ya que nos necesitamos mutuamente. La mayoría de nosotros somos abogados, así que aprendemos día a día muchas cuestiones vinculadas a la tecnología. Los informáticos, con las herramientas existentes, pueden llegar a cualquier lado y conseguir lo que sea, nuestro deber es poner los límites para que lo que obtengan pueda ser usado como prueba”, detalló Dupuy.

El trabajo transdisciplinario también se vuelca a los informes técnicos -es decir, las pericias- y a la preparación de las exposiciones al momento de celebrarse el juicio. Es que en la Ciudad existe un sistema adversarial, donde el juez que dicta sentencia no es el mismo de la etapa de instrucción y donde quien investiga es el fiscal, por lo que el primero desconoce el caso al momento de sentarse en el estrado. “Cuando exponés una investigación tecnológica e informática tenés que explicarle al juez desde lo más básico, haciendo de cuenta que no tiene la menor idea de estos temas. Es preciso lograr convcencerlo, a través de las pruebas y los testigos, de que lo que presentás es sólido. La decisión del juez será de mejor calidad en tanto y en cuanto las partes le otorguen, a su vez, mejor calidad en su información”, señaló la abogada. Con lo cual, entender y manejar los detalles informáticos es esencial.

Dupuy también aclara que, para que una investigación de este tenor pueda ser llevada adelante, es necesario un marco institucional acorde: “Yo no estoy sola, tengo un equipo detrás con el que trabajamos en estos temas desde que comenzó la Unidad Especializada, allá por 2012; y tengo superiores -tanto el fiscal general saliente, Luis Cevasco, como el entrante, Juan Bautista Mahiques- que nos permiten darle importancia a este tipo de investigaciones brindándonos todas las herramientas (recursos humanos y recursos materiales) para poder realmente hacerle frente al cibercrimen. Si no contásemos con este respaldo ni con este equipo, no tendríamos por donde empezar, algo que sucede en muchas provincias”.

El fallo de Russo es novedoso por varios motivos. Además de su obvio interés público por tratarse de un médico pediatra, la capacidad de Dupuy y su equipo para presentar las pruebas con claridad -como ya mencionamos- es de destacar. Pero también el lugar desde donde llega el aviso es un aspecto que diferencia a este tipo de casos de las investigaciones en espacios físicos: “La información de que se estaría cometiendo un delito provino de Brasil, a través de Homeland Security. Nos enviaron una cierta cantidad de IPs distribuidas en diferentes provincias argentinas. Russo es uno de los objetivos de este caso pero no el único, tenemos 40 relacionados, que son aquellos con los que el médico intercambió imágenes”, especificó la especialista. En este sentido, destacó la importancia de los convenios internacionales para facilitar las investigaciones en entornos digitales. “Estos delitos se caracterizan por su transnacionalidad, es decir que el autor puede estar en un país; la víctima, en otro; y los datos que necesitamos como evidencia digital, en un servidor alojado en una nación diferente a las dos anteriores. Por eso, los mecanismos de cooperación internacional son tan importantes, tanto entre países como con empresas del sector privado, para poder acceder rápidamente a la información que necesitamos. Por caso, que Argentina haya ingresado, desde el año pasado, al Convenio de Budapest, nos ha ayudado mucho en este sentido”, reflexionó.

Otro aspecto notable del caso fue la forma que eligió el juez Penal, Contravencional y de Faltas Gonzalo Rúa. Ante la presentación clara de la evidencia digital y del análisis informático y técnico, él no solo aceptó la condena propuesta por la fiscal sino que decidió interpelar directamente al acusado en su pronunciamiento, en términos claros y de forma directa, en un estilo que carecía de precedentes. También es destacable la celeridad del proceso: pasó poco más de un año entre el inicio de la investigación y la condena.

Desde la fiscalía creen muy probable que la defensa de Russo apele, y así quedará firme la sentencia. En este punto cabe aclarar otro aspecto interesante: la pena alta que se aplicó en este caso es producto de la modificación del artículo 128 del Código Penal, ya que antes la escala era muy baja y este tipo de delitos no tenían un cumplimiento efectivo. “Hoy esto cambió, la pena se agravó en el tipo básico del delito -que es la facilitación y distribución de esta clase de imágenes- y cuenta con un agravante en el tiempo de condena, si puede determinarse que los menores involucrados en las imágenes tienen menos de 13 años. Nosotros logramos ambas cosas, así que Russo deberá pasar 10 años en la cárcel con cumplimiento efectivo, hasta el último día”, afirmó Dupuy.

Lamentablemente, el caso del pediatra no es aislado. Además de los 40 involucrados que la fiscalía aun investiga, reciben delitos contra la integridad sexual de menores en forma constante. “En la actualidad hay más de mil casos tramitados en la fiscalía vinculados a la explotación sexual infantil. Para que nos demos una idea: en 2016 ingresaron aproximadamente 23 mil casos y en lo que va de 2019 ya recibimos más de 50 mil. Año a año aumentan en aproximadamente 10 mil casos”, apuntó Dupuy. Consultada por el motivo, la abogada consideró que este crecimiento exponencial está ligado al efecto multiplicador de las redes y de internet, algo que facilita el intercambio de este tipo de archivos. Asimismo, la obligatoriedad para todas las empresas estadounidenses proveedoras de servicios de notificar a la ONG National Centre for Missing Children (NCMEC) en caso de que sus clientes suban material de este estilo también colabora. “Cada vez que determinan que la IP está en Argentina, nos lo remiten de forma inmediata”, aseguró la doctora.

Este tipo de casos no es solo un problema en el país, es una preocupación a nivel mundial. Tal vez notaste que, al principio de la nota, “pornografía infantil” está escrito así, entre comillas. La razón es que esa no es la denominación correcta, aunque aun se utilice. El caso de Russo, y el de muchos otros que incurren en este tipo de delitos, se llama explotación sexual infantil, abuso sexual infantil en las redes o material de abuso. “Después de todo, es lo que describe más claramente la situación”, concluyó Dupuy.

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