La pandemia de coronavirus se esparce por el mundo y ocupa todas las agendas. En muchos países se dispuso de cuarentenas o aislamientos sociales obligatorios, que nos hacen permanecer en casa por muchísimo más tiempo de lo que estamos acostumbrados. El COVID-19 provocó temor y paranoia, pero fundamentalmente cambios de hábitos. De hecho, hay una imagen dando vueltas por las redes sociales que lo señala como el motor de la digitalización.

Como toda broma, tiene un viso de realidad: la emergencia sanitaria se tradujo en teletrabajo y educación a distancia, al tiempo que parece exigir, como cualquier crisis, solucionismos tecnológicos. Así, surgen sitios web que muestran el porcentaje de disminución de la circulación y apps hasta debajo de las piedras: desde el autodiagnóstico hasta el monitoreo durante la cuarentena, pasando por la promesa de decirnos si es seguro salir del hogar. Y, como efecto colateral, otras aplicaciones ya existentes registran picos de uso por el impedimento de salir al exterior.

Todas estas alternativas digitales tienen un denominador común: la recopilación de datos personales; algunos de ellos –como los de salud–, sensibles. ¿Cuánto de esto está justificado por la excepcionalidad de la situación en que nos encontramos y cuánto corresponde a un aprovechamiento de parte de gobiernos e industria? Para dilucidarlo, Otrawebdetecno conversó con Johanna Caterina Faliero, doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; especialista en Derecho Informático, consultora Internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, LATAM, Caribe y UE en Derecho Informático, Data Privacy, Data Protection, Data Governance, Compliance, Infosecurity, Ciberseguridad, Criptomonedas, Blockchain Technology, Smart Contracts, entre otros temas.

La alternativa legal

Argentina cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales que, si bien ya tiene 20 años, está vigente y contempla el contexto actual. “La Ley 25.326/00 contiene tipologías de datos. Están aquellos personales –que identifican al individuo– y los hay sensibles, es decir, que revelan información delicada de forma directa o indirecta, como puede ser la etnia, la religión o la salud. Estos últimos, por su capacidad de afectación más gravosa respecto del titular, son merecedores de más regulación: no podemos ser forzados a brindarlos sin un aval legal y no deben ser tratados sin consentimiento del individuo”, señaló Faliero.

Ante nosotros está la primera pista: los datos vinculados a la salud se consideran sensibles y deben recibir un cuidado extremo. Ahora bien, podemos convenir en que una epidemia es una situación extraordinaria; entonces, ¿no estaría justificado su uso? La experta, en este sentido, precisa que las pandemias autorizan su tratamiento pero bajo ciertas condiciones. Pueden emplearse con fines científicos y estadísticos, aunque deben estar anonimizados o disociados del titular, para que este no sea identificado (si esto no es posible desde un fin práctico, no deben ser divulgados bajo ningún concepto); es preciso que su recolección sea limitada en el tiempo, y que este lapso esté indicado; que se aclare cómo se trabajará con esta información y dónde se almacenará; además, la recopilación tiene que cumplir con tres requisitos: finalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Este último punto indica que el objetivo debe ser claro y tanto la cantidad como el tipo de datos tienen que ser razonables y proporcionales a su cumplimiento. Asimismo, la información puede procesarse sin el consentimiento de su titular, debido a la emergencia sanitaria.

“Lo que tenemos que entender en este punto es que la ley autoriza a hacer todo esto al Estado; no significa un aval para toda la industria sino solo para quien detenta el ejercicio de esas funciones legítimas. El problema es cuando el contexto se vuelve una excusa maravillosa para recopilar datos”, advirtió la abogada. La aclaración no es menor: las empresas siempre buscan almacenar información, aun más allá de lo que necesitan para que sus aplicaciones y herramientas funcionen, porque en esto radica su ganancia. Con lo cual, el coronavirus se convierte en una “oportuncrisis”: la necesidad de los ciudadanos de sentirse más seguros los lleva a aceptar términos y condiciones abusivos de su privacidad con tal de saber si pueden salir al palier del edificio en que viven.

Salud y privacidad: porque te quiero, te vigilo

“Estamos ante una situación que puede convertirse en un punto de inflexión tanto social como globalmente. Pero esto solo servirá si nos planteamos hacer las cosas bien, conforme a lo que indica la ley, revalorizando nuestros derechos y libertades; y no discutiendo acerca de una falsa dicotomía”, reflexionó Faliero. ¿Qué falsa dicotomía? Pues la oposición entre salud y privacidad, que parece ser impulsada desde algunos sectores de la industria.

“Hay muchas apps que intentan romantizar la lucha contra el COVID-19 al pedirnos que brindemos nuestros datos en pos de un bien mayor. Esto no es más que romantizar la idea de actuar erróneamente: los derechos humanos no son excluyentes, nunca se restan o se anulan entre sí sino que se adicionan”, sentenció la asesora. “Si oponemos salud a privacidad, lo que debatimos es el derecho de hacer las cosas mal. La Ley contempla situaciones de excepcionalidad, permite manipular datos sensibles, pero es preciso cumplir con toda la normativa para alcanzar el bien jurídico ‘salud’ sin vulnerar la privacidad de los pacientes”, agregó.

Esta argumentación no solo proviene de un interés industrial –tentado por tener al alcance de la mano lo que tanto anhela– sino también de gobiernos de sociedades de vigilancia y control. El caso paradigmático lo constituyen los países asiáticos, con China a la cabeza, donde ya cuentan con herramientas tecnológicas que ejercen un seguimiento severo de sus habitantes. “La evidencia estadística muestra que el aislamiento, el hallazgo de positivos y el lavado de manos es lo que efectivamente sirve; respecto de la vulneración masiva de derechos, no hay pruebas que la sustenten. Por eso todas las ONGs de derechos digitales solicitan a quienes esgrimen este argumento explicaciones acerca de la razonabilidad de una medida semejante. No podemos matar un mosquito con un rifle”, aseveró Faliero.

¿Con qué nos encontraremos al salir de la pandemia?

Estamos parados en medio del problema y aun no tenemos en claro cómo saldremos. ¿Qué hay después de la cuarentena? ¿Cómo se verán afectadas nuestras rutinas? ¿Quedará alguna de las medidas que tuvimos que adaptar forzosamente, como el trabajo remoto o la educación virtual en todos sus niveles? La experta en derecho informático propone ver el vaso medio lleno: “Esta es la primera oportunidad que tuvimos, en el marco de una crisis, de ver cómo la tecnología puede ayudarnos. Tenemos que aprovechar esta situación de forma proactiva”, alentó.

Bajo esta idea recomendó la incorporación de especialistas en derecho informático a la confección de herramientas técnicas, ya que un equipo interdisciplinario nos evitará cometer los mismos errores una y otra vez. Pero también aconsejó confeccionar repositorios de salud organizados y cuidar mejor esa información (tema que profundizó en su libro «Historia Clínica Electrónica: el futuro de la gestión documental sanitaria en la era de la E-Salud»).

“Tenemos que reconocer que perdimos una oportunidad al vernos obligados a adoptar aplicaciones existentes ante la urgencia de las teletareas –laborales y educativas–. Nos volcamos a herramientas que abusan de nuestra privacidad, que no cuidan nuestros datos pero tampoco los de los niños, niñas y adolescentes, algo aun más grave. No teníamos un trabajo previo de análisis, estudio y elección de alternativas que pongan por encima a los usuarios, así que cuando tocó digitalizarnos a la fuerza optamos por aquellas más masivas. Por eso hay que aprender de estos errores y corregirlos revalorizando nuestros derechos, que tanto nos costó conseguirlos”, concluyó.