Internet, telefonía móvil y TV paga son servicios públicos en Argentina, ¿y ahora qué?

Hace poco menos de un mes, un tweet del presidente argentino Alberto Fernández fue todo lo que se necesitó para poner en agenda, una vez más, a las telecomunicaciones. A partir de ahí, aparecieron una tras otra declaraciones de voceros de cámaras y empresas advirtiendo las complicaciones que podría traer el anuncio, acompañados de notas periodísticas vaticinando casi una vuelta a la prehistoria. Y, por supuesto, la celebración de los propios como un hito sin parangón. Qué es lo que estamos en condiciones de afirmar hoy, qué significa el decreto o, más sencillamente, dónde estamos parados es lo que intentaremos averiguar en esta nota.

Lo primero que podemos decir es lo obvio: con la salida del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, los precios de los servicios de telefonía móvil, internet y TV paga fueron congelados hasta el 31 de diciembre (si la última factura te vino con aumento, fijate que te tienen que devolver ese monto en las próximas boletas). El argumento es que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, escribió el Mandatario. Lo segundo, que estos mismos servicios pasan (o vuelven) a ser servicios públicos en competencia.

Pero empecemos por el principio: ¿qué significa que algo sea servicio público en Argentina? “Tenemos una normativa que nace del derecho administrativo y que indica que algunas cosas pueden pasar a la esfera pública para que el Estado las controle y no las deje libradas al mercado. Esto implica, por ejemplo, que en vez de precios tengamos tarifas y que el Estado pase a interesarse por la calidad de estos servicios”, explicó Rodrigo Iglesias, abogado especialista en Derecho Informático.

¿Servicio público o servicio público en competencia?

El añadido de “en competencia” lo que hace es, según Iglesias, reforzar que la parte privada está involucrada en la prestación de los servicios y que se aplicará la ley de Defensa de la Competencia y de Defensa del Consumidor, lo que ya sucede. “De todas formas, el Decreto lo que hace es restituir parte de la Ley 27.078/14 Argentina Digital, que ya reconocía a las TICs como servicio público en competencia, algo que el gobierno de Mauricio Macri dio de baja –también por decreto– en 2015.”, aclaró.

Sin embargo, consultado al respecto por Otrawebdetecno, Martín Becerra –profesor, investigador del CONICET y especialista en medios de comunicación e industrias culturales– realizó una observación en este punto: “Tradicionalmente, la Ley Argentina Digital entendía por servicio público en competencia a cuestiones mayoristas, como los precios de interconexión que las grandes operadoras cobran a pequeñas pymes, por lo que habrá que ver si se mantiene este concepto o se extiende”. Y agregó: “Además, es preciso señalar que en el artículo 3, la telefonía móvil está catalogada como servicio público a secas, lo que le agrega dos condiciones: debe tener universalidad en sus prestaciones y continuidad, es decir que no debería cortarse. Para aclarar todas estas cuestiones tendremos que aguardar a que llegue la reglamentación”.

A la espera de la letra chica

Para Leticia Pautasio, periodista especializada en telecomunicaciones, que el Gobierno Nacional considere como servicio público en competencia a la telefonía móvil, internet y TV paga muestra un interés por prestarle atención al mercado, ya que la pandemia demostró que es esencial e imprescindible para la economía y la sociedad en general. De todas formas, “hay mucho librado a la regulación posterior del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Necesitamos tener la letra chica para pensar en las implicancias reales de la normativa; por ejemplo: qué precios se controlarán y cómo o qué capacidad de ofertas comerciales podrán hacer los operadores”, reflexionó.

Becerra coincidió en que hay que aguardar a la resolución del ENACOM, que no tiene plazos específicos para expedirse pero que ya comenzó a reunirse con los proveedores de los servicios involucrados. “El mercado, hasta ahora, es muy asimétrico y, en general, estas reglas de juego terminan beneficiando a los más grandes. Aunque no vemos que el Decreto contemple estas diferencias, la reacción del Gobierno ante el llamado de atención de los pequeños operadores es considerar la opción de regular de forma asimétrica, para tener en cuenta el desequilibrio del mercado”, apuntó.

Una de las cosas que se desprende del Decreto es que debe crearse un plan básico obligatorio con un servicio mínimo. “Este es un cambio importante, porque con solo mirar el mercado se observa que hay una porción de la población que, por cuestiones económicas, queda afuera tanto de las prestaciones domiciliarias como de las móviles, exceptuando el acceso a las tarjetas prepagas, que ofrecen un servicio muy degradado y sin continuidad”, explicó Becerra.

En este sentido, a Pautasio le pareció un aspecto interesante porque “detrás de los planes básicos de conectividad está la idea de buscar la forma de que la mayor cantidad de personas puedan acceder al servicio, sin afectar necesariamente el modelo de negocios del operador”. “Igual hay que ver cómo se implementa para que efectivamente ayude a disminuir la brecha digital. Y hay un dato que no es menor: podemos decir que estos servicios son públicos pero si no se acompañan de políticas que incentiven el despliegue de infraestructura, la declaración se queda corta”, continuó.

Cada vez que el Estado interviene en un mercado, desde algún lugar se agitan algunos fantasmas, como los de la desinversión, la concentración y hasta la estatización. “Durante el período en que la Ley Argentina Digital se encontraba en plena vigencia –y, por ende, estos servicios eran considerados públicos en competencia– fue cuando más inversión se registró, debido a la licitación del 4G, por lo que el vaticinio de la desinversión me parece falto de base empírica”, destacó Becerra; al tiempo que Iglesias puntualizó que, históricamente, desde ENTEL que las telecomunicaciones no son del Estado y las privatizaciones de servicios corresponden a gobiernos peronistas. “No tiene sentido decir que las empresas van a perder y que el peronismo es un ente estatizador político. Lo que se hace es nivelar la balanza; pero no hay un competidor estatal como para que pueda brindar un servicio estatal, por lo que sería una locura pensarlo. Lo que sucede es que a las empresas les movieron el tablero de juego y a ningún actor le gusta eso”, sentenció.

¿Hay una ley en el horizonte?

A veces, las formas más que los contenidos son los que despiertan señales de alerta. En este caso, sin ir más lejos, fue un Decreto sorpresivo el que disparó la discusión. “Creo que lo que se necesita es un marco de previsibilidad. Incluso la discusión en torno al servicio público no tiene tanto que ver con eso sino con la sorpresa de su publicación. El riesgo no es que los operadores dejen de invertir –porque si no lo hacen se les cae el negocio– sino cuánto dinero estarán dispuestos a poner de más en Argentina y cuál es la suma que buscarán sacarle a los accionistas para transformarla en inversión. Lo que puede suceder es una demora en las inversiones porque lo que piden es cierta seguridad para hacerlo”, detalló Pautasio.

¿Y entonces? Los especialistas consultados coincidieron en que los decretos no son la mejor forma de legislar. La pandemia fue el argumento para optar por esta vía, en vez de pasar por el Congreso, cuyo funcionamiento se encuentra afectado. Por el momento, los únicos que pronunciaron la palabra “ley” (y se encuentran trabajando en ella) son los sindicatos telefónicos. Ahora bien, ¿es necesaria?

La periodista especializada en telecomunicaciones reconoció el consenso que puede traer una ley, fruto del debate parlamentario, aunque consideró que “hoy en Argentina es más necesario un análisis hacia atrás de lo que se hizo, una revisión de la regulación existente para saber qué está vigente y qué quedó desactualizado. Confeccionar un digesto jurídico permitirá saber dónde estamos parados para construir desde ahí. Los intentos de ley y las regulaciones y decretos que los cambian no colaboran con la previsibilidad que demandan las empresas”. Y concluyó: “La pandemia demostró que esto va más allá del negocio de las telefónicas y los ISPs, la digitalización entra en la productividad, en la salud, en la economía. Se necesita un diálogo serio para evaluar qué tipo de proyecto de país y de telecomunicaciones se quiere, donde se puedan discutir reclamos históricos como las desventajas de las pymes a la hora de competir, la instalación de infraestructura, el costo del equipamiento en dólares y la devaluación constante”.

Becerra, por su parte, coincidió en que la elaboración de una ley es un paso importante, ya que “es un tema central en la vida de la población que debería ser discutido, contar con consenso e incluir más temas que los enumerados en el DNU”; al tiempo que Iglesias fue más allá y pidió que la Ley de Convergencia –que el gobierno de Mauricio Macri se comprometió a elaborar en 180 días pero que aun no vio la luz– sea una realidad.

“Creeríamos que el Decreto está bien, dado que protege al usuario, busca darle una mayor claridad en lo que está pagando y un mayor control sobre la conexión y las tarifas. Sin embargo, sin ley el consumidor final es el primero en salir damnificado. Necesitamos que los legisladores tengan el coraje de sentarse y escuchar a especialistas, de enfrentar un debate técnico, científico y legal que produzca una ley en la que confluyan tanto Argentina Digital como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, instó el abogado.

Por el momento, al ENACOM le fue brindado un gran poder, que –como sabemos– conlleva una gran responsabilidad. Los ojos de los especialistas, de los operadores y de los usuarios están puestos (o deberían estarlo) en la regulación del Decreto. Allí realmente sabremos si esto nos brinda nuevas herramientas como consumidores o si se reduce a un manifiesto de buenas intenciones. Por eso, más allá de la discusión acerca de la ley, lo primero necesitamos es que el órgano de control funcione, tanto para redactar la normativa como para controlar que el mercado la respete. Sin eso, las empresas de telefonía e internet seguirán liderando los rankings de reclamos en Defensa del Consumidor.


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